Al hablar de fenómenos hidrometeorológicos extremos, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es el impacto que estos dejan tras su paso. Pero cada vez más, tanto a nivel mundial como nacional, se está trasladando la mirada hacia una que involucre lo que ocurre antes del evento de tiempo severo y cómo prepararnos para lo que puede pasar. Es en este aspecto que las ciencias sociales hacen su participación estelar: con propuestas que ponen el foco en cómo vive la sociedad y qué se puede hacer para reducir el impacto.
El término gestión integral del riesgo (GIR) no es nuevo y su existencia data de mucho antes que la ley 27287, promulgada en 2016, que crea un sistema centrado en el mismo. Sin embargo, la inclusión de la GIR en los organismos científico-técnicos y de emergencia aún tiene un camino por recorrer, y la participación de todas las disciplinas es la clave del éxito. En esta entrevista, Anabel Calvo nos cuenta cómo trabajan desde el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en temáticas relacionadas con el riesgo ambiental, pero no desde una mirada natural, sino social.
¿En qué consiste una mirada social del ambiente?
Cuando trabajamos con riesgo ambiental no hablamos solo del peligro que conlleva el fenómeno, como puede ser una inundación por la crecida de un río, sino también de qué población está cercana al río, qué características tiene y cuán heterogénea es. Estos factores determinan la capacidad de respuesta ante un evento extremo. Por eso consideramos que el riesgo tiene una dimensión social, para así poder entenderlo desde la sociedad, más allá de la amenaza que afecte a esa sociedad.
¿En qué consiste el enfoque de la gestión integral del riesgo?
Implica trabajar en la prevención, es decir en las acciones que se realicen y se planifiquen con antelación para evitar las dificultades que se pueden tener frente a un fenómeno natural. Implica aplicar políticas no solo para mejorar la información sobre la peligrosidad y el monitoreo de las amenazas, sino también las condiciones socioeconómicas de la población. Además de pensar en el sistema de alerta temprana y los planes de evacuación, ¿cómo podemos mejorar la situación de esa población que habita en zonas de amenazas de algún tipo? Es un gran desafío porque implica políticas estructurales a largo plazo.
¿Cómo se articula la gestión integral del riesgo con la vulnerabilidad social?
Es la perspectiva central de la GIR, porque da cuenta de la situación previa a la catástrofe y muestra la heterogeneidad de la población y cómo es necesario abordarla en políticas públicas que disminuyan esa vulnerabilidad social. Este término rompe un poco con el esquema de pensar la capacidad de respuesta frente a una situación como algo que se resuelve en el momento en que ocurre, por ejemplo, una inundación. Estamos hablando de lo que ocurrió previamente, cómo se llegó a esa situación de vulnerabilidad social. A veces tenemos que retroceder varias décadas para entender realmente cómo ocurrió.
¿Cuáles son los aportes y desafíos de la gestión del riesgo?
Hasta hace pocos años, había una mirada del “deber ser” que plantean los organismos internacionales. Estaba la idea de planificar la prevención, pero había poca concreción en los organismos del Estado. Se intervenía en el momento en que sucedía la catástrofe, en el manejo de la emergencia. Había, desde el Estado, poca capacidad de escucha de esta perspectiva planteada tanto desde los organismos internacionales como desde el ámbito académico. Este paradigma cambió y hoy hay una lectura diferente sobre cómo actuar ante eventos naturales. Se ve un cierto cambio de enfoque, pero no estoy muy segura de si esto se concreta en acciones. Si bien hay políticas públicas que se están llevando adelante, como la creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), las acciones desarrolladas frente a algunas amenazas dan cuenta que todavía falta para incorporar la gestión del riesgo.
¿Cómo piensan el rol del PIRNA respecto de la articulación entre la producción de conocimiento y la gestión gubernamental?
Hemos desarrollado una línea de trabajo teórica al respecto, pero no nos quedamos solamente en el ámbito académico, sino que nos acercamos a organismos del Estado, para pensar en conjunto la articulación científico-técnica con el ámbito de gestión. Para nosotros es importante salirnos de la crítica “el Estado no hace ni ejecuta” y poder intervenir y ser escuchados. En general, los organismos científico-técnicos están muy vinculados a las “ciencias duras” y hay poco lugar para lo que tenga que ver con la dimensión social. Lograr actualizar el protocolo de cenizas volcánicas en el marco red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres (GIRCyT), por ejemplo, y aportar cómo pensar a la población y trabajar con ciertos indicadores para ver su impacto, abrió una puerta que mostró que lo que se plantea desde la dimensión social no es solo una perspectiva teórica. Lo último que hemos estado haciendo es trabajar con la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación para también actualizar el Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD), elaborado inicialmente por Claudia Natenzon, con la dificultad de que no tenemos información más reciente que la del censo de 2010, por eso trabajamos con proyecciones e información de otros ministerios. Fue muy fructífero colaborar para incorporar la dimensión social en los temas que están atravesando las cuestiones ambientales a nivel de Estado.
Con respecto a la gestión integral del riesgo, ¿cuál creés que es la situación actual?
Nos parece un gran avance la creación del SINAGIR, porque tiene una perspectiva de gestión del riesgo. Si tenemos en cuenta la GIR, hay que pensar en políticas que apunten a mejorar no solo el monitoreo de las amenazas, sino también las condiciones de la vulnerabilidad social. Ahí es donde comienza a haber cuestiones de diferencias, porque la ley, aunque el marco teórico contempla a la vulnerabilidad social y la prevención, termina planteando propuestas de acción en el momento de la emergencia sobre todo. Esto no me parece mal, ya que hasta ahora no existía ni siquiera la planificación de la emergencia. Creo que falta todo lo previo, cuáles son las condiciones para evitar estas situaciones de vulnerabilidad de la población. Está planificado sobre todo frente a amenazas (cómo mapear el riesgo, la peligrosidad y la vulnerabilidad social), pero no hay acciones estructurales, a largo plazo, referidas a la vulnerabilidad social que contemplen mejores condiciones de vida de la población más vulnerable.
¿Ves que hay un espacio de conocimiento crítico que se puede explotar desde la gestión integral del riesgo?
El hecho de que el Estado nos convoque sabiendo cuál es la perspectiva del PIRNA ya es un gran punto de partida. Creo que hay una mirada de cambio de enfoque, en lo discursivo y en la incorporación de por lo menos grupos de trabajo que tienen un recorrido en relación a estas temáticas. Cuesta mucho llegar a las instancias del Estado a cargo de la gestión, pero el hecho de que nos convoquen ya es un elemento central. Que esté hablando con ustedes muestra un cambio de mirada. Por supuesto que lleva mucho tiempo, venimos de un proceso de políticas que están orientadas a la emergencia, al manejo del desastre. Y cuesta modificarlo, cuesta mucho pensar que sea solo Protección Civil la que se encargue de estos temas. Hay que pensar en otra mirada y me parece que tenemos que apostar a esto. Por supuesto hay una ley y su reglamentación está fijada, pero quizás haya que incorporar con más atención la idea de prevención, que implica la gestión integral del riesgo. Que esté la ley ya es un gran punto de partida, y que nos convoquen a nivel académico a formar parte, también. Muestra un comienzo de apertura de esta mirada. Por supuesto hay que estar en sintonía con lo que plantean los organismos internacionales. Los cambios de contexto internacional son fundamentales también para poder entender por qué el Estado nacional, provincial, municipal empieza a incorporar las temáticas dentro de las acciones que se llevan adelante.
Anabel Calvo es magíster en Sociología Económica (UNSAM) y doctoranda en Geografía (UBA). Forma parte del PIRNA, dirigido por Claudia Natenzon desde 1988. Junto con Diego Ríos y Constanza Riera integra el equipo de coordinación. El tema central del PIRNA es el estudio de la vulnerabilidad social como dimensión del riesgo ambiental en relación a peligrosidades de diversa índole.
Agradecemos a Matías Menalled y Daniela D’Amen por ser el nexo con Anabel Calvo y por su ayuda en la preparación de la entrevista.
